En estos últimos 47 años el despliegue de todas las formas de opresión y
alineación a cargo de la clase dominante-gobernante, subordinada al poder
imperial de los EEUU y demás centros del capitalismo mundial, ha creado en
nuestro país una situación caracterizada por el empobrecimiento del pueblo
trabajador, incluidos amplios sectores de las capas medias, por la opulencia de
las élites enriquecidas, el saqueo de nuestros recursos naturales, la
contaminación y la depredación ambiental, el deterioro institucional, la
profundización de la dependencia y el incremento de la violencia y la
delincuencia como modo de gobernar.
En las últimas tres décadas la
imposición del modelo neoliberal bajo tutela imperialista y oligárquica,
con sus privatizaciones y “desregulaciones”, con la complicidad de las
partidocracias corrompidas del PLD, PRD, PRSC y sus grupos satélites, ha
generado escandalosas desigualdades sociales.
Así mismo ha provocado un altísimo
deterioro del aparato productivo nacional, insostenibles niveles de
endeudamiento público (ascendente a 23 mil millones de dólares, que comprometen
en pago de intereses y amortizaciones unos 120,000 millones de pesos anuales,
un 27.9 % del presupuesto nacional, con un monto total de la deuda que se
estima en unos 430 mil millones de pesos, equivalentes al 46 % del PBI).
Igual ha causado graves precariedades en
los servicios públicos fundamentales, alarmantes reducciones del poder de
compra, de salarios y sueldos precarios, progresivos aumentos del costo de la
vida, galopante e insostenible corrupción estatal y agobiantes niveles de
inseguridad ciudadana… las cuales ya se han tornado realmente insoportables
para casi toda la sociedad.
Estamos, además, ante la transformación
del Estado dominicano en un “narco-estado” y ante la conversión de la
partidocracia tradicional, el generalato y el empresariado inescrupuloso que lo
administran en una claque gansterizada, que se recicla dentro de un sistema
electoral excluyente, viciado, corrompido y oligopolizado; al compás del
auge de la corrupción, el clientelismo, la degradación y el control dictatorial
de todas la instituciones y poderes del Estado.
Esa realidad ha sido constitucionalizada
en una carta magna neoconservadora, privatizadora, garante del saqueo, la
impunidad y la dictadura institucionalizada.
En ese contexto el sistema bipartidista
ha pasado a ser un mecanismo gerenciado por dos grandes compañías por acciones,
el PRD y el PLD, auxiliadas por el decadente PRSC y grupos satélites;
manipuladas ambas por sus dueños y caudillos enriquecidos, asociados a diversos
grupos oligárquicos y a mafias empresariales y burocráticas.
Al mismo tiempo, como resultado de las
contrarreformas constitucionales del 2010 y del dominio del Senado por el PLD y
por el presidente Fernández, se ha producido el control absoluto del Poder
Judicial, la Cámara de Cuentas y el Poder Electoral, conformándose una especie
de dictadura institucionalizada operada por la alta jerarquía de fuerza con
capacidad en cada circunstancia de controlar simultáneamente, en el presente o
en perspectiva, el Senado y el Poder Ejecutivo, y, de todas maneras,
en el corto plazo un secuestro político de las cortes judiciales con intenciones
de blindaje e impunidad a favor de la partidocracia corrompida del PLD,
formalmente vigente hasta las elecciones del 2016.
A todo esto se agrega la actual crisis
integral de la civilización burguesa. La peor crisis del capitalismo en toda su
historia. Ella se ensaña de manera especial sobre los países dependientes y
periféricos del sistema.
En todas partes -y en particular en este país-
esa crisis ha potenciado la voracidad de la clase dominante-gobernante,
empecinada en un enriquecimiento rápido y fácil, a través de la especulación,
el tráfico de influencia, los narco-negocios y la depredación de los recursos
naturales.
Aquí, además, tiende a reducir sensiblemente
los ingresos por concepto de exportaciones, turismo, remesas y flujos de capitales
externos; agravando la crisis siempre abordada por el FMI, el BM y los
gobiernos de turno, sacrificando al pueblo, a los productores nacionales y el
patrimonio del país.
Las recetas neoliberales y las nuevas guerras
de conquista han puesto en riesgo a la humanidad, y en ese contexto nuestra
querida Quisqueya está siendo saqueada con riesgo de muerte. La tragedia de la
depredación y vulnerabilidad de la hermana República de Haití es, sin duda, una
seria advertencia.
Esto explica las pretensiones de la Barrick,
Gold Corp., La Hispaniola, Uni Gold y otras corporaciones de la mega-minería
(amparadas en contratos leoninos) de apropiarse y explotar a su favor nuestros
ricos yacimientos de oro, plata, manganeso y otros minerales estratégicos, sin
reparar en los daños que le provocan al
ambiente, el envenenamiento de nuestras aguas y de nuestra
naturaleza.
Explica también el grosero y doloso reparto a
favor de grupos oligárquicos y nuevos grupos económicos de las mejores tierras
rurales, urbanas y costeras del país incluidas las cabeceras de los principales
ríos del país, lo que apunta hacia la privatización de las fuentes de agua.
Nada de esto se supera desde este sistema,
estas instituciones y estos gobiernos. Habrá que producir una transformación
estructural profunda llamada a crear nuevas relaciones sociales, nuevas
relaciones de poder y nuevas instituciones. Habrá que potenciar la indignación
de la sociedad descontenta en dirección al cambio, al poder constituyente
basado en la participación popular.
En verdad, hay que cambiarlo todo, comenzando
por este gobierno, sin favorecer en lo inmediato su relevo por el PRD o por
cualquier otro gobierno parecido, por lo que es imperioso presentar una
propuesta unitaria del conjunto de las izquierdas y las fuerzas transformadoras
de que somos parte.
En tal sentido es necesario entender que
ninguna crisis de por sí, por profunda que sea, genera los cambios capaces de
superar sus causas y la formación económica, social y política afectada por
ella. Es preciso conformar y unificar las fuerzas alternativas capaces de crear
el nuevo poder transformador, y hacerlo desde la movilización social y
política, acompañada de propuestas consistentes, conectadas con el sentir y las
necesidades del pueblo en cada período.
A ese propósito responden estos ejes y
propuestas programáticas en este período de la vida nacional, sustentados por
el conjunto de sectores, grupos y personas de las izquierdas revolucionarias
que las suscribimos.
